El objetivo de este decreto-ley fue simplificar trámites administrativos en materia energética.
La principal consecuencia fue la derogación casi en su totalidad del Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética, excepto el artículo 30, relativo al Registro de Certificados, que se mantiene vigente.
Tras esta publicación la materia relacionada con certificación energética, pasa a regularse por la normativa a nivel estatal, actualmente el RD 390/2021.
