NORMATIVA

Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA)

La LISTA supone la nueva regulación urbanística en Andalucía. Además del título preliminar, cuenta con los siguientes títulos.

  • TÍTULO I. Régimen del suelo
  • TÍTULO II. Régimen de las actuaciones de transformación urbanística
  • TÍTULO III. La ordenación territorial
  • TÍTULO IV. La ordenación urbanística
  • TÍTULO V. La ejecución urbanística
  • TÍTULO VI. La actividad de edificación
  • TÍTULO VII. La disciplina territorial y urbanística
  • TÍTULO VIII. Medidas de adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares.

Entró vigor desde el 23 de diciembre de 2021, estableciendo ocho disposiciones transitorias.

Su entrada en vigor derogó a las siguientes normativas:

  • Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  • Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
  • Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
  • Decreto Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía.
  • Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los municipios con relevancia territorial, a efectos de lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
  • Norma 45.4.a del Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
  • Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
  • Orden de 13 de marzo de 2007, por la que se crea el Observatorio Territorial de Andalucía y se regula su organización y funcionamiento, y la Orden de 23 de febrero de 2009, que modifica la anterior.

En diciembre de 2022 sufrió su primera modificación para adaptarse a lo acordado por la Comisión de Seguimiento de Actos y Disposiciones de las Comunidades Autónomas  -dependiente de la Secretaría de Estado de Política Territorial- que planteó una serie de discrepancias relacionadas con la constitucionalidad de la norma que se consideraron resueltas por parte de la Administración General del Estado y de la Administración autonómica, conforme a los compromisos adquiridos en el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación, de 10 de agosto de 2022.

Esta Ley se desarrolla mediante Reglamento General aprobado mediante el Decreto 550/2022, de 1 de diciembre.

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